Movilizar conocimiento para aprovechar las oportunidades de las finanzas verdes en Colombia

Colombia avanza hacia una economía baja en carbono y hacia la neutralidad climática. De igual forma, busca aumentar su resiliencia frente a los impactos del cambio climático. En este proceso, el país ha actualizado su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), aumentando su ambición del 20% hasta un 51% de reducción de emisiones de GHG hasta el 2030 y ha establecido de manera más detallada objetivos en materia de adaptación, mitigación y desarrollo bajo en carbono. En este contexto, la movilización de capital y conocimiento juegan un rol determinante para lograr las metas fijadas y fomentar al mismo tiempo una economía verde, que cree las condiciones para movilizar recursos hacia iniciativas con impacto climático positivo. En este contexto, el sistema financiero tiene un rol determinante al disponer los recursos y explorar mecanismos innovadores que ayuden a superar las barreras de riesgo y creen las condiciones de sostenibilidad para el proyecto.

El concepto de finanzas verdes es un concepto integrador que facilita un marco de acción y unas líneas estratégicas para conectar la oferta de recursos con el ecosistema de proyectos y beneficiarios. Una definición amplia y consensuada de finanzas verdes se refiere al conjunto de productos y servicios financieros que consideran factores ambientales y de riesgo para promover inversiones ambientalmente responsables. En este sentido, las finanzas verdes les permiten a las entidades financieras buscar y desarrollar nuevas oportunidades de negocios, atender nuevos mercados y responder a las necesidades de sus clientes, al tiempo que se alinea con los objetivos de los países en busca de los ODS. Desde la perspectiva de los desarrolladores de proyectos, este marco permite entender y ajustarse a las necesidades y expectativas de los inversores, pero también integrar en sus iniciativas los factores de riesgo y las estrategias para gestionarlos.

El financiamiento verde incluye la financiación climática, ampliando su rango de acción hacia medidas de política y organizacionales que se adopten para hacer efectiva la destinación y ejecución de los fondos. Integra en esta medida las condiciones legales, económicas e institucionales del sistema financiero, el financiamiento publico y privado de inversiones verdes y el financiamiento de políticas públicas con sentido verde. De eta forma procura incrementar el nivel de flujos de recursos de instituciones financieras, fondos de inversión, seguros y microcréditos para implementar objetivos de desarrollo sostenible.

Colombia ha sido pionera en la región en la adopción de principios de inversión responsable. Estándares reconocidos internacionalmente como los Principios del Ecuador, Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - (UNEPFI), las Normas de Desempeño Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional – IFC ya venían haciendo camino en el sector incluso antes de concretarse iniciativas formales como el protocolo verde. Sin embargo, fue esta iniciativa la que dio un impulso determinante para que las entidades financieras del país, agrupadas en Asobancaria, firmaran un acuerdo con el gobierno el cual se propuso facilitar la convergencia de esfuerzos de ambo sectores para incorporar políticas y prácticas de responsabilidad ambiental en armonía con un desarrollo sostenible.

La emisión de bonos verdes ha sido otro de los hitos en la dinámica de las finanzas verdes en Colombia, tomando ventaja de una tendencia global en el mercado de capitales. Los bonos verdes, junto con los sociales y temáticos, son instrumentos financieros de renta fija emitidos con el objetivo de abordar el cambio climático y facilitar soluciones medioambientales y sociales. Colombia ha experimentado en los últimos años un auge en la emisión de bonos, en particular los denominados verdes. Dentro de estos se destacan las emisiones realizadas por Bancolombia, Davivienda, Bancoldex y más recientemente, la emisión de bonos soberanos realizada por el Ministerio de Hacienda, con lo que Colombia se convirtió en el segundo país Latinoamericano en emitir este tipo de bonos. Las corporaciones privadas locales emisoras de estos títulos destinaron sus recursos principalmente a proyectos relacionados con energías renovables y eficientes seguido del control de la polución y eficiencia en el uso de los recursos naturales.

Si bien la emisión de bonos ha dinamizado la oferta de recursos para proyectos sostenibles en el país, el cambio climático se mantiene como uno de los factores que puede representar mayor riesgo para la estabilidad del sistema financiero. Los riesgos físicos y de transición constituyen un nuevo desafío especialmente para los sectores de los seguros y la banca. En particular, estos riesgos podrían tener un impacto en términos de crédito, reputación, operacional y de mercado. Es allí donde la institucionalidad en su conjunto debe avanzar en la identificación y gestión de estos riesgos, desarrollando métricas a largo plazo y replanteando donde sea sensato los enfoques de corto plazo dentro de los mercados financieros. Esto permite comprender mejor los riesgos futuros e impulsar a largo plazo resultados financieros y sostenibilidad. Por otra parte, es necesario desarrollar nuevas herramientas de gestión de riesgos, centradas en conceptos como el de prevenir, preparar y recuperar – de la mayor relevancia en estos tiempos - luego de que estos riesgos se materialicen. Esto se logrará generando los incentivos apropiados para que las instituciones financieras contribuyan en medidas de mitigación, pero también de adaptación a los desafíos futuros.

La institucionalidad en Colombia ha sido reconocida en América Latina para hacer frente al cambio climático. Desde 2016 el país cuenta con el Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima) así como con su Comité de Gestión Financiera, instancia de coordinación interinstitucional y diálogo público - privado sobre finanzas climáticas. De igual relevancia han sido la Política de Crecimiento Verde, el Plan Nacional de Cambio Climático, así como la definición de la estrategia MRV de Financiamiento Climático. Más recientemente, con la sanción de la Ley de Acción Climática, el país avanzará hacia una gestión efectiva del cambio climático en materia de mitigación, adaptación y medios de implementación, alineada con el Acuerdo de París, impulsando el desarrollo sostenible y la carbono-neutralidad para el año 2050. Sin duda alguna, otro instrumento destacado es la taxonomía verde, la cual facilita la identificación de proyectos con objetivos ambientales e impulsará la movilización efectiva de recursos privados y públicos hacia inversiones que demuestren contribuciones sustanciales al logro de objetivos y compromisos ambientales del país.

Desde una perspectiva de mercado, las dinámica de las finanzas verdes esta determinada por la denominada “economía del clima”. Este concepto relaciona de forma clara y medible los efectos del cambio climático en los sistemas económicos y humanos. Pero al mismo tiempo revela oportunidades de crecimiento, impulsadas por la innovación tecnológica, la inversión sostenible y un sector privado dinámico.

Es fundamental reforzar las bases de conocimiento que permitan dar un nuevo entendimiento y formar capacidades en los diferentes actores para que reconozcan la escala y urgencia de las acciones en materia de acción climática y las posibilidades que brindan las finanzas verdes. Para destacar, es necesario profundizar en los conceptos de economía climática e inversiones sostenibles, la integración de aspectos Ambientales, Sociales y Gobernanza (ESG) en el contexto de toma de decisiones para inversiones responsables. No menos importante es el compromiso de los actores y la comprensión integral de instrumentos y dinámicas de mercado de tal forma que el financiamiento verde en su conjunto pueda contribuir en la movilización de recursos y conocimiento y en ultima instancia con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible.